Modernización portuaria: lo que cambia para las concesiones en Colombia
Actualizado: 21 oct
El pasado 14 de octubre, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1529 de 2026, de Modernización Portuaria, que modifica el régimen de concesiones portuarias del Decreto 1079 de 2015 en desarrollo de la Política Nacional Portuaria (CONPES 4118 de 2023). Esta es la primera reforma de fondo a este régimen desde su expedición, y su objetivo central es incentivar la inversión privada en los puertos. Para el sector, y para quienes lo financian, abre nuevas oportunidades, pero también cambia las reglas de juego, tanto para quienes buscan una concesión como para quienes ya la tienen.
Estos son los principales cambios:
Inversión al final de la concesión
Valor residual (art. 14): cuando haya transcurrido al menos el 70% del plazo de la concesión, el concesionario podrá someter a aprobación nuevas inversiones que no alcance a recuperar en el plazo restante. Si son aprobadas, el valor no recuperado podrá reconocerse en su nuevo plan de inversiones, si continúa como titular, o deberá pagarlo el nuevo concesionario, si la concesión se otorga a una persona distinta del concesionario anterior, aunque este no utilice estas inversiones. Se busca así que los puertos no dejen de modernizarse por estar cerca del fin de su concesión. Su bancabilidad, sin embargo, dependerá de la reglamentación: el Ministerio de Transporte fijará el tope de inversión, los tipos de inversiones admisibles y la metodología para calcular el valor residual, y el decreto no prevé garantías específicas para el pago a cargo del nuevo concesionario. La obligación de pago y su valor o metodología de cálculo deberán indicarse en el aviso o convocatoria y en el acto de fijación de condiciones. El valor residual aprobado se publicará en el RUCOP antes del inicio del término para presentar propuestas alternativas.
Reversión (art. 17): al terminar el plazo inicial, las construcciones y equipos en buen estado de conservación, mantenimiento y operación de las zonas entregadas en concesión, así como, los predios de propiedad privada de la Zona Adyacente de Servicios que el concesionario haya incorporado voluntariamente al plan de inversiones y al contrato de concesión, se revierten gratuitamente a la Nación. Como novedad, las partes podrán acordar la sustitución o compensación económica de bienes en mal estado, y la venta o chatarrización de aquellos que no convenga conservar, cuyo producto se entregará a la entidad receptora. También revertirán las inversiones ambientales que sean activos físicos en esas zonas, como la electrificación de muelles o los paneles solares.
Un CAPEX más amplio (art. 5)
Conectividad: podrán incluirse vías terrestres, férreas, fluviales y marítimas, e Infraestructuras Logísticas Especializadas necesarias para conectar el terminal, cuyo costo deberá considerarse en la estructuración financiera del proyecto (rentabilidad esperada y cierre financiero) y, cuando corresponda, en el plazo necesario para recuperar la inversión. Además, no será necesario acreditar los predios para estas vías antes del otorgamiento: podrán adquirirse durante la ejecución, con las herramientas de la Ley 1682 de 2013.
Predios de la Zona Adyacente de Servicios: el solicitante podrá, a su elección, incluir en el plan de inversiones (y, por tanto, en el modelo financiero) los predios privados necesarios para el proyecto, aportando su avalúo. Como contrapartida, esos predios revertirán a la Nación al término del plazo inicial y pasarán a ser bienes fiscales.
Las inversiones ambientales y sociales estratégicas incluyen desde la electrificación de muelles, las fuentes no convencionales de energía, los combustibles bajos en carbono y la economía circular, hasta infraestructura comunitaria, formación, pesca artesanal y proyectos productivos. Este tipo de inversiones darán mayor puntaje en la evaluación (arts. 9 y 15), siempre que sean voluntarias, vayan más allá de lo legalmente exigible y generen beneficios verificables para el territorio. Así, la sostenibilidad deja de ser solo un requisito y se convierte en un factor de competencia. Así mismo, el Ministerio de Transporte podrá fijar porcentajes mínimos de estas inversiones, que en la práctica funcionarían como un piso.
Transparencia y competencia
RUCOP (art. 4): se crea el Registro Único de Concesiones Portuarias, una base de datos a cargo del Ministerio de Transporte que centralizará la información de puertos, muelles y embarcaderos y permitirá seguir cada trámite desde la solicitud hasta la liquidación del contrato, con reserva de los modelos financieros y de toda información que tenga el carácter de clasificada o reservada conforme a los arts. 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. Además, la inscripción en el RUCOP determinará qué concesionarios de la misma zona portuaria deben ser notificados de nuevas solicitudes, para que puedan oponerse o presentar propuestas.
Evaluación más predecible (art. 9): la entidad deberá publicar su informe de evaluación, recibir observaciones durante cinco días hábiles y publicar el informe definitivo dentro de los diez siguientes. En caso de empate se preferirá al solicitante original, que además tendrá una única oportunidad de igualar o mejorar, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación del informe definitivo, una propuesta alternativa mejor calificada.
Modificaciones abiertas a terceros (art. 15): cuando un concesionario solicite una modificación sustancial de su contrato, otros interesados podrán presentar propuestas alternativas sobre las mismas zonas, bajo las mismas reglas de evaluación. El titular conserva la preferencia en caso de empate y el derecho a igualar o mejorar la mejor oferta. Ninguna propuesta podrá recaer sobre activos de su propiedad, salvo los predios de propiedad privada de la Zona Adyacente de Servicios que el concesionario haya incorporado como parte del plan de inversiones de su solicitud de modificación. Aun así, pedir una modificación sustancial expone la concesión a competencia, un riesgo que concesionarios y financiadores deberán considerar al planear ampliaciones o nuevas inversiones.
Las solicitudes de concesión y de modificación sustancial en curso que aún no hayan surtido la audiencia pública deberán ajustarse a estas nuevas reglas en las etapas pendientes (art. 19); las demás seguirán rigiéndose por las normas vigentes cuando se radicaron. Por eso conviene revisarlas desde ahora.
El Decreto puede consultarse en el siguiente enlace: DECRETO No. 1529 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2026
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